El equipo de gobierno PP-Vox, da un uso partidista al nuevo Cambio de Reglamento Municipal.

1. Sobre el cambio del Reglamento Orgánico Municipal (ROM)

El ROM regula la participación ciudadana y el funcionamiento interno del ayuntamiento. Una alcaldesa puede promover su modificación, pero:

• Debe respetar la legalidad superior (Constitución, leyes autonómicas y estatales).
• No puede restringir arbitrariamente el derecho de participación ciudadana.
• Si el cambio dificulta o vacía de contenido el derecho a formular preguntas, podría ser impugnable por:
  • Vulneración del art. 23 CE (participación en asuntos públicos).
  • Posible desviación de poder (usar una norma para un fin distinto al legal).

2. Falta de respuesta a preguntas registradas

Cuando un ciudadano presenta una instancia por registro:

• La Administración tiene la obligación legal de responder (Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común).
• El plazo general suele ser 3 meses, salvo normativa específica.

Si no contestan:

• Se produce silencio administrativo (positivo o negativo según el caso).
• Puede suponer:
  • Mala administración
  • Posible vulneración del derecho a una buena administración (art. 103 CE y normativa europea)

Si además alegan que “se han perdido”:

• Es especialmente grave, porque el registro administrativo deja trazabilidad obligatoria.
• Podría implicar:
  • Negligencia grave
  • Fallos en la custodia de documentos públicos

3. Presentación de instancias fuera de plazo por miembros del gobierno

Aquí hay un punto especialmente sensible:

Si un miembro del partido que gobierna:

• Presenta escritos fuera de plazo
• Y estos son admitidos o tramitados de forma favorable

Puede existir:

a) Vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE)

No se puede dar trato preferente a cargos públicos frente a ciudadanos.

b) Posible nulidad del procedimiento

Si se admiten actuaciones fuera de plazo sin justificación legal.

c) Indicios de desviación de poder

Cuando se usan procedimientos administrativos para beneficiar a determinados actores políticos.

4. Posibles responsabilidades

Dependiendo de la gravedad y prueba:

Administrativas

• Anulación de actos
• Retroacción del procedimiento

Disciplinarias

• Responsabilidad de funcionarios o cargos públicos

Contencioso-administrativas

• Recurso ante juzgado

En casos extremos (si hay intencionalidad clara)

• Podría llegar a valorarse:
  • Prevaricación administrativa (art. 404 Código Penal)
  • Pero esto exige prueba de arbitrariedad consciente, no solo mala gestión.